Para el bien de la nación.

Por Víctor Manuel Barceló R.

En el 2000, México dio un paso a la alternancia, pero no avanzó en la transición. La justa electoral actual pone, en manos del IFE y TRIFE -tras los resultados inciertos del 2 de julio- en la obligación de mantener y acrecentar su capacidad para asegurar equidad, certeza, imparcialidad y justicia electorales. El ganador no debe parecer, sino ser legítimo. Solo así podrá avanzar hacia la transición.

La legitimidad la dará el TRIFE, tras analizar y decidir acerca de los elementos que el PRD presenta, para pedir recuento de todos y cada uno, de los votos emitidos. Esto nos coloca en una incierta, tensa espera, hasta septiembre. Redundar en el análisis de si hay razón jurídica del partido “perdedor” –según IFE- para pedir el recuento voto a voto, de los emitidos el dos de julio, parece redundante. Conocemos las razones legales por las cuales puede realizarse este evento. ¿La documentación en poder de las autoridades electorales será tan puntual como para lograrlo?. Pronto sabremos. Lo cierto es que hacerlo, fortalece al triunfador.

Entretanto, abundemos en asuntos que desde ahora deben ser motivo de serios análisis y planteamiento de estrategias. Durante los cinco años, tras la alternancia, partidos, políticos, analistas y pueblo en general pugnaron –de diversa manera- por reformas en materia política y electoral, que consolidaran la nueva democracia. Se habló incluso, de una reforma del estado que abriera puertas a un nuevo Pacto social, referéndum, segunda vuelta, penalización de abstencionismo,; hasta un régimen parlamentario.

Tales mecanismos, juntos, cooperarían a evitar el que medios y dinero, fueran fiel de la balanza electoral. El hecho: no hubo voluntad política, menos aún, visión de estado. Si no hay una tarea inmediata del nuevo Congreso –cuya composición en tercios, no es muy halagüeña- surgirán nuevas disputas entre ejecutivo y legislativo, paralizando acuerdos y reformas necesarios para fortalecer la economía, darle espacio conveniente a lo internacional, todo para responder a las demandas ciudadanas.

El nuevo gobierno debe prever el remozamiento de lo electoral para recuperar confiabilidad en los órganos ciudadanos, pero también para evitar el reparto de objetos y dinero a los electores; superar el culto a la personalidad; compra y coacción del voto ciudadano; guerra mediática contra la conciencia del votante; conformación de grupos clientelares. La reforma profunda al régimen político, primera prioridad del nuevo gobierno, será pauta para avanzar en la misión de servicio a las necesidades populares, cuya demanda clara y precisa es: seguridad, servicios sociales (educación, salud, otros) eficientes y suficientes.

La felicidad de los mexicanos será la gran preocupación de la nueva administración. Para ello requerirá un nuevo esquema gubernamental. Un gobierno que supere el asistencialismo foxista –fallido en su mayor parte-. La legislatura actual podría trabajar, con gobierno y partidos, asistidos por la sociedad civil organizada, para dejar bases de una gobernabilidad democrática –que por ahora no existe- y la definición de políticas de largo aliento, que trasciendan sexenios, en aras de la atención profunda a la miseria y la pobreza, que azota a un creciente número de mexicanos.

El obstáculo mayor a la tarea unificada y puntual del próximo Congreso, parece pasar por la determinación de la alta autoridad arbitral de la elección. ¿Comprenderá el TRIFE que, en cuanto al “voto por voto”, no es solo la irrestricta aplicación de la Ley lo que se espera de él?. ¿Qué su sanción deberá propender a distensionar el ambiente político nacional?. Esperemos que lo entienda y así calcule, por el bien de la nación.

Correo electrónico: v_barcelo@hotmail.com

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